CARTA ABIERTA AL ALCALDE DE MEDELLÍN DANIEL QUINTERO CALLE: ¡LA UNIVERSIDAD NO ES UN CAMPO DE BATALLA!

El pasado jueves 20 de febrero Usted, señor alcalde de Medellín, puso en ejecución el llamado “Protocolo de Reacción Contra Explosivos en Universidades”, comunicado público en el cual consta una decisión sui generis, justificada en hechos eventuales y que fue conocida por la ciudadanía de manera informal –a través de twitter– y no por los medios de publicidad oficiales definidos por la ley para los actos de las autoridades municipales y con tal trascendencia social. A través de este protocolo usted autorizó la entrada del ESMAD a los predios de la Universidad de Antioquia, con el pretexto de prohibir el uso de explosivos en su interior por parte de los encapuchados.

Como Claustro de Profesores y Profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, manifestamos que siempre hemos abogado por un tratamiento diferente –no violento– a los conflictos sociales y políticos, y hemos celebrado cuando las iniciativas gubernamentales van encaminadas a la construcción de paz. Por tal motivo, nos parece contradictorio y contraproducente tratar de controlar una forma de protesta calificada como violenta, con el ejercicio de más violencia al interior de la Universidad, por demás desproporcionada y sin ponderación alguna de los derechos en juego.

Las instituciones de educación superior, y de manera específica las que se mantienen públicas, han sido escenarios de disputa de distintos actores, como una manifestación de los conflictos históricos que ha vivido nuestro país durante décadas. La experiencia nos ha enseñado que los proyectiles lacrimógenos y los “bolillazos” indiscriminados, entre otras formas de control, nunca han solucionado nada, al contrario, ha atizado el escalamiento de las rabias, desencuentros y enfrentamientos que nos obstinamos en superar.

Al respecto, señalamos algunos aspectos relacionados con la acción de la fuerza pública en el hecho señalado, así como su actuación en calidad de alcalde de la ciudad, invitando con ello a encontrar de manera dialógica modos de avanzar hacia la superación de los diversos y complejos conflictos que nos atañen, siempre en el marco de una sociedad democrática.

1. Las garantías procesales y el estatuto jurídico de los bienes universitarios

Llama la atención del Claustro el supino olvido de garantías básicas para actuaciones como las del jueves 20 de febrero, en este sentido, que se haya autorizado el ingreso a la sede universitaria del ESMAD sin haber obtenido previamente una autorización judicial. Los días en que se podía ingresar sin dicha formalidad sustancial, que es una materialización del Estado de Derecho, se superaron hace casi tres décadas con la expedición de la Constitución Política de 1991.

La razón es muy sencilla: el predio universitario es un domicilio, perteneciente a una persona jurídica de derecho público, que también ostenta la protección que le dispensa el artículo 28 de la Constitución al domicilio de cualquier persona, para proteger la intimidad y el conjunto de las libertades que allí se ejercen, entre ellas la libertad de expresión, cátedra, investigación y asociación, entre muchas otras que se condensan en la garantía institucional de la autonomía universitaria.

2. Razonabilidad, necesariedad y proporcionalidad

Si usted consideraba que se presentaba una situación de imperiosa necesidad de intervención en la sede de la Universidad, lo que sólo puede verificarse a partir de una situación excepcional, imperiosa y concreta –no general como lo previó en su Protocolo–, debió emitir un acto administrativo de contenido particular, debidamente motivado, en el que constaran los hechos graves que estaban ocurriendo en dicha fecha en la sede específica de la Universidad de Antioquia, el deber ineludible de actuar y la exhibición de las medidas concretas que adoptaba para remediarlas, con la justificación explícita y el análisis ponderado de las razones por las cuales dichas medidas en el caso concreto no solo eran legítimas sino las más idóneas para conjurar la situación que en aquel momento se presentaba en la Universidad.

Aun si esa actuación estaba justificada en el orden jurídico, usted y la fuerza pública que ejecutó su orden, debieron actuar con razonabilidad y proporcionalidad, algo que notoriamente no ocurrió el jueves 20 de febrero. Los medios utilizados para enfrentar una situación de alteración de orden público, sobrepasaron elementales juicios de necesidad. La proporcionalidad no solamente se refiere a objetivos legítimos, sino también, y sobre todo, a intervenciones estrictamente necesarias para remediar la situación.

3. La ponderación de derechos

El ingreso de la fuerza pública a la sede de la Universidad con equipos antiexplosivos, armas de fuego, gases lacrimógenos y objetos contundentes, afectaron indiscriminadamente a todo lo que encontraron a su paso, vale decir, estudiantes, profesores, empleados, visitantes y los indefensos animales que habitan el ecosistema de la ciudadela universitaria. Y qué decir de todo el entorno de la universidad: transeúntes, vecinos, centros hospitalarios, establecimientos de comercio, y otros tantos perjudicados indeterminados.

Una decisión de esta índole, ha debido contemplar los efectos directos sobre otros derechos y bienes superiores como el ambiente. Al tratarse de una decisión que tiene repercusiones ambientales y climáticas, que afecta nuestra salud y el aire que respiramos, y que en nada contribuye en la gestión y reducción de los efectos de la contaminación en el ambiente y en la mitigación de los gases de efecto invernadero; ha debido también contar con la garantía de participación que prevé el artículo 79 de la Constitución frente a las decisiones que puedan afectar el medio ambiente.

El 20 de febrero, el campo educativo de la Universidad de Antioquia se transformó en un campo de batalla, afectando los derechos a la vida, a la salud, a la libertad de enseñanza, a un ambiente sano, entre otros. Y no menos preocupante, la universidad pública resulta así representada como un agente de violencia y, en efecto, transformada en un enemigo que hay que enfrentar con la fuerza.

Fue una acción desmedida que puso en riesgo lo que justamente pretendía el alcalde proteger: la vida, la integridad y la seguridad. Nada más contradictorio e ineficaz en el ejercicio de las funciones públicas. Nada más ineficiente con los recursos públicos. Nada más inconstitucional por desproporcionado. Nada más ilegítimo si de democracia y paz se trata.

4. La necesidad de intensificar la democracia

Señor alcalde, nos preocupa su llamado a una suerte de “civismo autodefensivo”, que en su retórica se compone de “pitos” y “autorregulación”. Nos alarma porque llamados anteriores a “ciudadanías vigilantes” y a mecanismos civiles para “convivir”, resultaron en la promoción y el auspicio de organizaciones para el horror y el dolor, que también padecimos en nuestra Universidad. Además, consideramos que la consagración normativa y la materialización política de protocolos en razón de la protesta deben encaminarse hacia su garantía y no para más de su regulación que existe excesivamente en codificaciones penales y de policía.

Es imperiosa la intensificación de la democracia, esto es, de la participación efectiva de las comunidades que puedan verse afectadas por medios de protesta inoportunos o peligrosos, pero además, y de manera preponderante, de aquellas que se han visto –¡Que nos hemos visto! – afectadas por la actuación desmedida por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Por último, una invitación…

El Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas insiste en la necesidad de que el ejercicio de decisiones administrativas se desarrolle en el marco de los presupuestos del Estado Social y Democrático de Derecho, entre los cuales la garantía del principio de participación de los afectados con la decisiones, tiene un vínculo inescindible con el deber de buena administración, en la medida en que posibilita fortalecer el acervo de elementos de juicio que enriquecerán el criterio decisional.

Lo nuestro es una invitación al diálogo en procura de intensificar la democracia, promover y construir paz(es). A que recuerde su paso por esta que es su Universidad, un territorio que alguna vez lo acogió y al que usted le debe tanto.

Medellín, 26 de febrero de 2020

Claustro de Profesores y Profesoras
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad de Antioquia


Carta abierta tomada de la página de Facebook de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia

COMUNICADO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Desde que se suscribió el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, en noviembre del 2016, se ha evidenciado públicamente la persecución masiva y sostenida en contra de las personas que ejercen liderazgos sociales, políticos y de defensa de los Derechos Humanos. En los últimos 2 años y medio esa persecución ha sido tan intensa, que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo sobre su dimensión.

Hoy vemos que esa realidad dolorosa y violenta incursiona en nuestro entorno. Como Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, rechazamos la amenaza de la que han sido blanco varios estudiantes y organizaciones estudiantiles de nuestra Alma Mater, que lideraron las movilizaciones universitarias en defensa de la educación pública durante el año 2018. 

Creemos que, con ese tipo de acciones, sus perpetradores no solo quieren usar el miedo para inmovilizar a las personas directamente amenazadas, también se dirigen en contra de toda la comunidad universitaria. Esto es una afrenta a nuestro quehacer diario como una academia preocupada por la comprensión y transformación de nuestra sociedad.

Por otro lado, rechazamos la reacción de la Gobernación de Antioquia ante esta situación. Es incomprensible que el estamento de quien preside el Consejo Superior Universitario, en medio de una situación tan delicada, donde se ve afectada la comunidad universitaria en su conjunto, en lugar de condenar de manera categórica las amenazas, haya aludido indistintamente a supuestos shows de streptease, prostitución, ventas informales y comercialización de drogas en las instalaciones de la Universidad.

Proponemos que se tomen medidas de cuidado y acogimiento de las personas directamente amenazadas; que desde la administración de la Universidad se definan protocolos adecuados y caminos institucionales de tratamiento de esas agresiones, sin los visos securitarios y policivos que comúnmente ofrecen las instituciones en estos casos. Esto implica buscar medios que efectivamente garanticen la actividad política y académica de los liderazgos de los distintos estamentos de la Universidad.

Así mismo, rechazamos la normalidad con la cual distintos sectores de la universidad y de la sociedad asumen este tipo de hechos, al punto de que algunos los celebran o que incluso se responsabilice a las personas agredidas por lo que les sucede. No puede seguir ocurriendo que las amenazas, asesinatos y atentados sean las formas de tramitar las diferencias y los desacuerdos. No es normal, no está bien, no estamos de acuerdo.

Instamos a la comunidad universitaria, a las instituciones estatales y a la sociedad a no desistir en la búsqueda de la paz para el país. A diferencia del interés de quienes emiten las amenazas, no podemos ceder al escepticismo y a los nuevos llamados que se hacen para mostrar la violencia como el único camino. Tenemos el convencimiento de que la construcción de la paz es el sendero por el que Colombia debe transitar.

Finalmente, en virtud del pensamiento crítico y el compromiso social que nos caracteriza como profesores reiteramos: la agresión la sufrió la comunidad universitaria, no podemos tolerar amenazas, mucho menos cuando éstas sean motivadas por el ejercicio de derechos.

A la Universidad sí vinimos a cambiar al país… al mundo.

Medellín, 23 de mayo de 2019


(Comunicado tomado de la página de Facebook de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia)

COMUNICADO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES

EL CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, quiere hacer públicas algunas consideraciones sobre las últimas medidas tomadas por el Comité Rectoral de la Institución:

   “Nos duele registrar que al interior del Campus Universitario se vienen presentando acciones   

  delictivas que generan peligro para quienes convivimos en este espacio. Se trata de situaciones    provocadas por unos pocos, la mayoría externos a la Universidad, que no pueden continuar y   mucho menos opacar el gran valor de la Institución en sus distintos ámbitos”: Mauricio Alviar.

El Claustro comparte estas preocupaciones pero considera que la respuesta que le ha dado la administración de la Universidad de Antioquia es errática y engendra más problemas de los que pretende resolver, por las siguientes razones:

1. La solución de cualquier problema requiere que se le delimite adecuadamente, se distinga de otros y se le trate diferencialmente. Cuando se mezclan problemas tan antiguos y a su vez, tan diferentes como el tráfico y consumo de estupefacientes, las ventas ambulantes, las rumbas y dos o tres hurtos de reciente ocurrencia, la posible solución se complica innecesariamente, y la credibilidad sobre las decisiones decrece porque se dice que se estaban pensando hace tiempo, pero se justifican en hechos inmediatos. Es decir, hay una incoherencia entre lo que se dice y la forma como se justifica lo que se hace.

2. Por otro lado, se apela a la comunidad universitaria para que se solidarice y colabore con unas decisiones que no se le han compartido, de las cuales se desconoce los diagnósticos en los que se apoya y, además, se toman de una manera completamente vertical e inconsulta. Unas medidas que toman como objeto y no como sujeto a esa comunidad, nacen con un déficit de legitimidad política e institucional insuperable.

3. Tal vez no se encuentra una palabra más equívoca y peligrosa políticamente que la seguridad. Los grandes autoritarismos han florecido al amparo de cualquier solución que ofrezca una fórmula mágica contra el miedo y contra la inseguridad. Y la seguridad es el comodín para reducir todos los problemas a una nebulosa que los hace inaprehensibles, inseparables, y por consiguiente insolubles. Valdría la pena recordar la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y para no ir muy lejos, la seguridad democrática.

4. El gran impacto mediático que ha logrado la administración con sus medidas y su justificación, permite recrear una narrativa que, en lugar de defender la Universidad, la presenta ante la opinión pública como un espacio donde se atraca, se trafica, y se realizan todos tipo de ilegalidades e inequidades. Es lamentable que el Rector sea el canal para una imagen tan siniestra de la institución que dirige y que, de contera, sirva para que a todos los integrantes de la comunidad se nos considere parte de ese mundo ilegal y oscuro. A lo mejor es la respuesta que se espera darle al miedo para conjurarlo, pero resulta altamente peligrosa, por lo riesgos que su realización implica.

5. Algunas medidas parecen meramente simbólicas: ¿se resuelven los problemas de la Universidad al entregarle la cédula y permitir que se nos esculquen nuestras pertenencias, a los empleados de una agencia de seguridad privada? ¿Tiene la Universidad la potestad de imponer medidas que van más allá de las leyes?

6. Es una lástima, además, que la autoridad de la Universidad aparezca solo cuando se trata de medidas de este tipo, porque para una gestión eficiente en cualquier campo se requiere legitimidad frente a los destinatarios de las mismas. Le presta un pobre servicio a la legitimidad de las autoridades universitarias, que ellas se tengan que apoyar en las autoridades de policía para avalar sus medidas. El señor Rector con el secretario de gobierno municipal y otras autoridades, decidiendo la suerte de la Universidad, evoca una época en que se ejercía la autoridad con el mero recurso de la fuerza, porque no se ha buscado afincarla en otros procedimientos ni usando otra metodología. En definitiva, una autoridad que se delega en la policía y se ejerce físicamente a través de controles invasivos.

7. Y todo esto resulta paradójico en un momento en el cual el país parece caminar en otra dirección y además la misma Universidad dice estar comprometida con la paz. No quiere el Claustro decir que el problema de la delincuencia y otras incivilidades sean asimilable a los problemas políticos derivados del conflicto armado interno, pero sí pedimos un poco de coherencia en el manejo de los problemas y que no sea la fuerza, que no puede hacer distinciones, la única vía para resolver algunos problemas importantes en la Universidad.

8. Como Claustro estamos comprometidos con la buena marcha de la Universidad y el bienestar de sus integrantes, pero consideramos que esto se puede lograr sólo a partir de unas condiciones mínimas:

    8.1. Que las medidas que nos afectan tengan por lo menos una discusión con los interesados, y que     se apoyen en estudios y diagnósticos, que sean públicamente conocidos.

    8.2. Que las medidas partan del supuesto de que en la Universidad existe una comunidad de sujetos

    capaces, a los que simplemente no se les llame para apoyar y solidarizarse con las medidas que

    unos pocos han tomado, sino que se les informe transparentemente y de una manera tal que ese       

    apoyo no provenga de agentes externos, sino de los órganos competentes de misma.

9. Esperamos en todo caso, que estas decisiones no sean una provocación deliberada para propiciar una reacción que legitime un cierre de la Universidad para reformarla y seguir tomando medidas a espaldas de toda la comunidad universitaria. Como siempre, estamos convencidos que la Universidad que deseamos es una Universidad abierta, deliberante y participativa y no una Universidad en la cual sus decisiones importantes sean fruto del equipo rectoral, que no se toma la molestia de indicar en qué fundamentan sus medidas, en qué diagnósticos se apoyan y con quiénes consultan.

Hacemos estas consideraciones porque estamos interesados en la buena marcha de la Universidad y en el bienestar de los universitarios.

Las medidas que se tomen, además de eficaces, o tal vez para que sean eficaces, tienen que ser oportunas y no lo son cuando desde su anuncio, ya perturban.

Medellín, junio 6 de 2017

(Comunicado tomado de la página web de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia)

* * *

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CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

 Carta abierta al Señor Presidente de la República de Colombia

A propósito de los Acuerdos del proceso de paz

Medellín, octubre 14 de 2016

Señor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República de Colombia

Presente

Cordial saludo;

Los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, reunidos en claustro durante los días 12 y 13 de octubre del presente año, nos dirigimos a Usted para manifestarle, además de nuestro apoyo, nuestras apreciaciones y preocupaciones sobre el estado actual de la discusión en torno a los Acuerdos del proceso de paz:

Reconocemos los grandes esfuerzos que han hecho el gobierno que Usted preside, sus comisionados y los de las FARC-EP, que culminaron en los Acuerdos que fueron hechos públicos ya en forma completa hace algunas semanas y firmados en la ciudad de Cartagena el pasado 26 de septiembre. Esos Acuerdos han sido el fruto de una negociación relativamente larga y sumamente compleja, en la cual las partes se hicieron concesiones mutuas, con el propósito de terminar el conflicto armado que han mantenido, durante varias décadas, el Estado colombiano y las FARC-EP.

A pesar de los resultados del plebiscito realizado el 2 de octubre, es claro que:

Las razones de quienes apoyaron el SÍ y particularmente el NO, la opción finalmente triunfadora, no fueron homogéneas y por lo tanto nos parece un elemental ejercicio democrático que esas voces sean oídas y tenidas en cuenta en la medida en que no desvirtúen la estructura fundamental de los Acuerdos que entendemos, son el inventario de unas reformas inaplazables que se hacen necesarias para construir un país mejor. Adicionalmente, no debe desvirtuarse el modelo acordado de justicia transicional, que tal como está concebido, representa una gran oportunidad para que el país finalmente reconozca y redignifique a las víctimas entendiendo que ellas son el eje de esta forma específica de hacer justicia, y por lo tanto no puede haber lugar a resucitar viejas formas retributivas, que casi siempre están emparentadas con la venganza y que se convertirían, sin lugar a dudas, en un obstáculo para lograr la reconciliación entre todos los colombianos.

Tal vez uno de los mayores méritos que le vemos a los Acuerdos, es que abren la posibilidad para que todas las corrientes de opinión puedan hacer política sin armas, y dejar atrás el conflicto que tantas víctimas, dolor y tragedia nos ha ocasionado; asimismo, el modelo de justicia transicional acordado, que permitiría saber la verdad sobre lo sucedido es condición indispensable para la no repetición y una de las formas de hacerle justicia a las víctimas.

Creemos que los resultados del plebiscito hacen parte de un conjunto complejo de hechos políticos que deben analizarse de manera integral. Nos parece importante resaltar el mapa de las votaciones en aras de entender la complejidad de la democracia en Colombia, pues no es gratuito que en muchas de las poblaciones en donde más se ha sufrido el conflicto armado haya ganado la opción del SÍ. Además con una diferencia nacional mínima entre el SÍ y el NO, y con poblaciones muy afectadas que tanto en las urnas como en la calle claman por la paz, no se puede desconocer las voces del SÍ.

Usted, como Presidente de la República, conserva sus facultades y responsabilidades constitucionales como máxima autoridad en el manejo del orden público y en la búsqueda de la paz, derecho fundamental de todos los colombianos. En su reelección, señor Presidente, Usted recibió un mandato para llegar a un acuerdo de paz con los grupos alzados en armas y el plebiscito como hecho político por excelencia, debe ser valorado como tal y por lo tanto, hay que atender a las condiciones políticas que su misma realización ha generado, como haber reactivado el propósito de la paz, en amplios sectores que no se habían pronunciado anteriormente.

Los Acuerdos de La Habana contienen en muchos de los compromisos que allí se han consignado, una manera de cumplir las promesas que los colombianos nos hicimos como Nación, en la Constitución de 1991 y por lo tanto, esta es una oportunidad para hacer realidad gran parte de esas promesas incumplidas.

Los Acuerdos de La Habana, si bien son perfectibles, no deben desestructurarse porque sería perder una oportunidad que seguramente no volveríamos a tener en mucho tiempo, como tampoco sería deseable que una eventual renegociación birlara derechos y garantías ganadas en la Constitución de 1991.

Confiamos entonces, en que la tenacidad y los riesgos políticos que el país y Usted como Presidente han corrido en la construcción de este proceso de paz no sean desatendidos ahora, y que una vez hechos los ajustes que la mesa de La Habana estime necesarios, estos sean puestos en marcha como la gran oportunidad para el futuro de nuestro país.

Es obvio que estos Acuerdos no son la paz, sino apenas el comienzo de un largo y seguramente difícil camino hacia su construcción. La democracia no consiste en la unanimidad ni tampoco en una pretendida sociedad sin conflictos. La paz, consiste básicamente, en que podamos tramitar nuestros conflictos sin la apelación a las armas y sobre todo, en una sociedad tan inequitativa como la nuestra, en brindarle oportunidades a aquellos que siempre han sido relegados y desconocidos. Solo así podremos construir un país de verdaderos ciudadanos en el que nos aproximemos a una igualdad material y donde cada cual pueda expresar sus ideas, sin el temor de que las armas sean los árbitros de las disputas.

Nuestro más profundo convencimiento es que los Acuerdos son el primer paso para la construcción de ese país que tanto hemos soñado y que ahora parece posible alcanzar. En este sentido reiteramos nuestro apoyo y le solicitamos entonces, en su calidad de Jefe de Estado, no permitir dilaciones en el desarrollo de este proceso.

Atentamente,

CLAUSTRO DE PROFESORES

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Universidad de Antioquia