Semillero de Investigación en Sociología del Derecho y Teorías Jurídicas Críticas: abril 2020

Comunicado. Abril de 2020.

El pasado 27 de marzo recibimos una carta de Empresas Públicas de Medellín[1]. Está dirigida a clientes, usuarios y comunidad en general. La manera como nos nombra nos anuncia el lugar desde el cual calcula los problemas y diseña las soluciones. Comienza afirmando que se deben a la gente, que su “conciencia de servicio a la comunidad adquiere una importancia mayor en un momento como este” y que son “conocedores de la importancia del agua potable (...) para proteger la vida, la salud y el bienestar de nuestras familias”.

Luego anuncian las medidas que la Empresa está dispuesta a tomar para garantizar que la venta del servicio de acceso y suministro de agua potable siga siendo posible aún en tiempos de emergencia y que además abarque a la totalidad de sus clientes, incluso a los hogares morosos.

En la carta, EPM nos explica que por Ley está obligada a seguir contabilizando los consumos durante este periodo. Por esta razón dispuso “que los clientes y usuarios puedan refinanciarlos bajo condiciones especiales”. Además, bajo su criterio de solidaridad, decidió renunciar, durante el periodo que duren las medidas de aislamiento, al cobro de intereses por mora en los que incurramos por el pago inoportuno de la factura. Asimismo, suspenderá el abono automático del 10% a la deuda pendiente de las personas en las recargas prepago de agua potable. Finalmente, se compromete a reconectar y reinstalar el servicio a petición de cada una de las personas que estaban siendo privadas del mismo.

Estas acciones dejan ver algo que no es nuevo. Desde la gestión empresarial del agua somos clientes, no ciudadanas y ciudadanos con derechos políticos, económicos, sociales y ambientales, y la garantía de nuestros derechos se supedita a la capacidad de pago de una factura. Dichas acciones igualmente reflejan la constante tendencia de la empresa de mercantilizar un bien común y un derecho humano esencial para nuestra existencia: el agua.

A pesar de ser un derecho humano existe una paradoja en cuanto a su protección se refiere, puesto que la Constitución Política de 1991 que pretendió garantizarlo, al mismo tiempo hizo que se privatizara a través de la apertura y consolidación del modelo neoliberal. En el caso de los servicios públicos autorizó a particulares a prestarlos, expidió la ley 142 de 1994 con enfoque empresarial y permitió la transformación de nuestras empresas públicas en empresas comerciales e industriales del Estado.

Sin duda, lo que nos desconcierta es que, aun en tiempos de crisis, se insista en afirmar que el agua como mercancía es compatible con el agua como derecho humano fundamental. Esta lógica empresarial, en medio de la mayor amenaza de salud pública del siglo, no puede inspirar más que otra innovación comercial: ¡Agua a crédito!

Nos preocupa pensar en la realidad que viven más de un millón de personas desconectadas, por sólo mencionar el caso de EPM en todo el territorio donde opera. Antes de que se declarara la emergencia, ¿acaso no era urgente para el Estado garantizarles el acceso al agua? ¿Se puede vivir, más que sobrevivir, sin agua, con o sin pandemia? Es claro que la lógica del mercado no está garantizando derechos fundamentales.

Las preocupaciones de EPM están orientadas sobre todo a garantizar su sostenibilidad económica. Más allá de la sostenibilidad de las empresas para sí mismas o para ampliar su portafolio de negocios, deberíamos pensar en una sostenibilidad destinada a representar el aumento de capacidades para la priorización de la vida, la dignidad y la equidad de las personas.

En este contexto, ¿qué es entonces lo público de Empresas Públicas de Medellín? Al ser estatal, el Municipio de Medellín está llamado a velar a que sus utilidades sean reinvertidas en la garantía de derechos de su propietaria final, la ciudadanía. Ofrecer agua a crédito hoy, es asegurar sed y deudas para mañana.

Tenemos la seguridad de que nuestro ordenamiento jurídico permite tomar medidas contundentes, aunque en muchas disposiciones respalde la lógica voraz de la acumulación y el lucro. Nos preguntamos entonces, ¿ni siquiera en estos tiempos de emergencia es posible pensar desde la institucionalidad otros modos, realmente creativos, de responder a los problemas y necesidades colectivas? ¿Qué tal pensar en posibilidades de gestión desde los recursos públicos en lugar de hacer malabares con el dinero que no tenemos los y las ciudadanas?

El gobierno nacional tiene que tomar las medidas necesarias para suministrar agua potable subsidiada para las personas que estén en condición de vulnerabilidad por su incapacidad de pago presente. La expedición de los decretos 512 y 513 del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público van en esa dirección al facultar a alcaldes y gobernadores para realizar operaciones presupuestales que permitan atender la emergencia y al permitir el empleo de recursos del Sistema General de Regalías en proyectos de alimentación y suministro de agua. Exigimos al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia que se ahorren los espejismos de prosperidad futura que soportan los créditos y que traduzca en acciones su responsabilidad como principales garantes de derechos fundamentales.

El Municipio de Medellín, en particular, debe garantizar en medio de la emergencia -y aún sin ella- la reinversión de las utilidades de la Empresa en la materialización al acceso y suministro de agua para su población, reconociendo que a quienes llama clientes se les debe tratar como ciudadanía, es decir, garantizarles el derecho humano fundamental al agua, en especial, a aquella población que ha sido vulnerada por nuestra enorme inequidad.

Además, ambos entes territoriales deben pensar también en su ruralidad y en los bordes urbano-rurales de sus territorios, en su mayoría beneficiados por la gestión histórica de los acueductos comunitarios. Exigimos el respaldo a estas organizaciones desde la coordinación interadministrativa y la celebración de acuerdos público-comunitarios que posibiliten el fortalecimiento de sus sistemas de agua, garanticen el acceso a los suministros y mecanismos requeridos para poder continuar su tarea, que valga recordar, realizan sin ánimo de lucro. Además, con mayor razón frente a la gestión comunitaria del agua, deberán pensarse alternativas de apoyo desde la gestión de recursos públicos a la población beneficiaria que se vea en la imposibilidad de contribuir con la cuota familiar mensual.

En últimas, instamos al Estado a proteger a los cientos de familias que actualmente están desconectadas por la gestión empresarial del agua y que a futuro se verán seriamente afectadas por las lógicas implementadas por EPM, y lo instamos también a reconocer y respaldar la labor realizada por los acueductos comunitarios. Esta crisis no puede configurarse como un escenario que propicie mayores vulneraciones a los derechos fundamentales. Resulta urgente que tanto EPM como el gobierno departamental y municipal garanticen a la ciudadanía el acceso al agua, puesto que de no ser así, se estaría atentando contra el derecho humano a la vida. La supervivencia de nuestra especie depende del agua y el suministro del agua en este contexto de pandemia mundial no puede pender de una economía rapaz y deshumanizante.