Desde que se suscribió el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, en noviembre del 2016, se ha evidenciado públicamente la persecución masiva y sostenida en contra de las personas que ejercen liderazgos sociales, políticos y de defensa de los Derechos Humanos. En los últimos 2 años y medio esa persecución ha sido tan intensa, que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo sobre su dimensión.
Hoy vemos que esa realidad dolorosa y violenta incursiona en nuestro entorno. Como Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, rechazamos la amenaza de la que han sido blanco varios estudiantes y organizaciones estudiantiles de nuestra Alma Mater, que lideraron las movilizaciones universitarias en defensa de la educación pública durante el año 2018.
Creemos que, con ese tipo de acciones, sus perpetradores no solo quieren usar el miedo para inmovilizar a las personas directamente amenazadas, también se dirigen en contra de toda la comunidad universitaria. Esto es una afrenta a nuestro quehacer diario como una academia preocupada por la comprensión y transformación de nuestra sociedad.
Por otro lado, rechazamos la reacción de la Gobernación de Antioquia ante esta situación. Es incomprensible que el estamento de quien preside el Consejo Superior Universitario, en medio de una situación tan delicada, donde se ve afectada la comunidad universitaria en su conjunto, en lugar de condenar de manera categórica las amenazas, haya aludido indistintamente a supuestos shows de streptease, prostitución, ventas informales y comercialización de drogas en las instalaciones de la Universidad.
Proponemos que se tomen medidas de cuidado y acogimiento de las personas directamente amenazadas; que desde la administración de la Universidad se definan protocolos adecuados y caminos institucionales de tratamiento de esas agresiones, sin los visos securitarios y policivos que comúnmente ofrecen las instituciones en estos casos. Esto implica buscar medios que efectivamente garanticen la actividad política y académica de los liderazgos de los distintos estamentos de la Universidad.
Así mismo, rechazamos la normalidad con la cual distintos sectores de la universidad y de la sociedad asumen este tipo de hechos, al punto de que algunos los celebran o que incluso se responsabilice a las personas agredidas por lo que les sucede. No puede seguir ocurriendo que las amenazas, asesinatos y atentados sean las formas de tramitar las diferencias y los desacuerdos. No es normal, no está bien, no estamos de acuerdo.
Instamos a la comunidad universitaria, a las instituciones estatales y a la sociedad a no desistir en la búsqueda de la paz para el país. A diferencia del interés de quienes emiten las amenazas, no podemos ceder al escepticismo y a los nuevos llamados que se hacen para mostrar la violencia como el único camino. Tenemos el convencimiento de que la construcción de la paz es el sendero por el que Colombia debe transitar.
Finalmente, en virtud del pensamiento crítico y el compromiso social que nos caracteriza como profesores reiteramos: la agresión la sufrió la comunidad universitaria, no podemos tolerar amenazas, mucho menos cuando éstas sean motivadas por el ejercicio de derechos.
A la Universidad sí vinimos a cambiar al país… al mundo.
Medellín, 23 de mayo de 2019
(Comunicado tomado de la página de Facebook de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia)
(Comunicado tomado de la página de Facebook de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia)
