AGUA A CRÉDITO HOY, SED Y DEUDAS PARA MAÑANA

Comunicado. Abril de 2020.

El pasado 27 de marzo recibimos una carta de Empresas Públicas de Medellín[1]. Está dirigida a clientes, usuarios y comunidad en general. La manera como nos nombra nos anuncia el lugar desde el cual calcula los problemas y diseña las soluciones. Comienza afirmando que se deben a la gente, que su “conciencia de servicio a la comunidad adquiere una importancia mayor en un momento como este” y que son “conocedores de la importancia del agua potable (...) para proteger la vida, la salud y el bienestar de nuestras familias”. 

Luego anuncian las medidas que la Empresa está dispuesta a tomar para garantizar que la venta del servicio de acceso y suministro de agua potable siga siendo posible aún en tiempos de emergencia y que además abarque a la totalidad de sus clientes, incluso a los hogares morosos. 

En la carta, EPM nos explica que por Ley está obligada a seguir contabilizando los consumos durante este periodo. Por esta razón dispuso “que los clientes y usuarios puedan refinanciarlos bajo condiciones especiales”. Además, bajo su criterio de solidaridad, decidió renunciar, durante el periodo que duren las medidas de aislamiento, al cobro de intereses por mora en los que incurramos por el pago inoportuno de la factura. Asimismo, suspenderá el abono automático del 10% a la deuda pendiente de las personas en las recargas prepago de agua potable. Finalmente, se compromete a reconectar y reinstalar el servicio a petición de cada una de las personas que estaban siendo privadas del mismo. 

Estas acciones dejan ver algo que no es nuevo. Desde la gestión empresarial del agua somos clientes, no ciudadanas y ciudadanos con derechos políticos, económicos, sociales y ambientales, y la garantía de nuestros derechos se supedita a la capacidad de pago de una factura. Dichas acciones igualmente reflejan la constante tendencia de la empresa de mercantilizar un bien común y un derecho humano esencial para nuestra existencia: el agua. 

A pesar de ser un derecho humano existe una paradoja en cuanto a su protección se refiere, puesto que la Constitución Política de 1991 que pretendió garantizarlo, al mismo tiempo hizo que se privatizara a través de la apertura y consolidación del modelo neoliberal. En el caso de los servicios públicos autorizó a particulares a prestarlos, expidió la ley 142 de 1994 con enfoque empresarial y permitió la transformación de nuestras empresas públicas en empresas comerciales e industriales del Estado. 

Sin duda, lo que nos desconcierta es que, aun en tiempos de crisis, se insista en afirmar que el agua como mercancía es compatible con el agua como derecho humano fundamental. Esta lógica empresarial, en medio de la mayor amenaza de salud pública del siglo, no puede inspirar más que otra innovación comercial: ¡Agua a crédito! 

Nos preocupa pensar en la realidad que viven más de un millón de personas desconectadas, por sólo mencionar el caso de EPM en todo el territorio donde opera. Antes de que se declarara la emergencia, ¿acaso no era urgente para el Estado garantizarles el acceso al agua? ¿Se puede vivir, más que sobrevivir, sin agua, con o sin pandemia? Es claro que la lógica del mercado no está garantizando derechos fundamentales. 

Las preocupaciones de EPM están orientadas sobre todo a garantizar su sostenibilidad económica. Más allá de la sostenibilidad de las empresas para sí mismas o para ampliar su portafolio de negocios, deberíamos pensar en una sostenibilidad destinada a representar el aumento de capacidades para la priorización de la vida, la dignidad y la equidad de las personas. 

En este contexto, ¿qué es entonces lo público de Empresas Públicas de Medellín? Al ser estatal, el Municipio de Medellín está llamado a velar a que sus utilidades sean reinvertidas en la garantía de derechos de su propietaria final, la ciudadanía. Ofrecer agua a crédito hoy, es asegurar sed y deudas para mañana. 

Tenemos la seguridad de que nuestro ordenamiento jurídico permite tomar medidas contundentes, aunque en muchas disposiciones respalde la lógica voraz de la acumulación y el lucro. Nos preguntamos entonces, ¿ni siquiera en estos tiempos de emergencia es posible pensar desde la institucionalidad otros modos, realmente creativos, de responder a los problemas y necesidades colectivas? ¿Qué tal pensar en posibilidades de gestión desde los recursos públicos en lugar de hacer malabares con el dinero que no tenemos los y las ciudadanas? 

El gobierno nacional tiene que tomar las medidas necesarias para suministrar agua potable subsidiada para las personas que estén en condición de vulnerabilidad por su incapacidad de pago presente. La expedición de los decretos 512 y 513 del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público van en esa dirección al facultar a alcaldes y gobernadores para realizar operaciones presupuestales que permitan atender la emergencia y al permitir el empleo de recursos del Sistema General de Regalías en proyectos de alimentación y suministro de agua. Exigimos al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia que se ahorren los espejismos de prosperidad futura que soportan los créditos y que traduzca en acciones su responsabilidad como principales garantes de derechos fundamentales. 

El Municipio de Medellín, en particular, debe garantizar en medio de la emergencia -y aún sin ella- la reinversión de las utilidades de la Empresa en la materialización al acceso y suministro de agua para su población, reconociendo que a quienes llama clientes se les debe tratar como ciudadanía, es decir, garantizarles el derecho humano fundamental al agua, en especial, a aquella población que ha sido vulnerada por nuestra enorme inequidad. 

Además, ambos entes territoriales deben pensar también en su ruralidad y en los bordes urbano-rurales de sus territorios, en su mayoría beneficiados por la gestión histórica de los acueductos comunitarios. Exigimos el respaldo a estas organizaciones desde la coordinación interadministrativa y la celebración de acuerdos público-comunitarios que posibiliten el fortalecimiento de sus sistemas de agua, garanticen el acceso a los suministros y mecanismos requeridos para poder continuar su tarea, que valga recordar, realizan sin ánimo de lucro. Además, con mayor razón frente a la gestión comunitaria del agua, deberán pensarse alternativas de apoyo desde la gestión de recursos públicos a la población beneficiaria que se vea en la imposibilidad de contribuir con la cuota familiar mensual. 

En últimas, instamos al Estado a proteger a los cientos de familias que actualmente están desconectadas por la gestión empresarial del agua y que a futuro se verán seriamente afectadas por las lógicas implementadas por EPM, y lo instamos también a reconocer y respaldar la labor realizada por los acueductos comunitarios. Esta crisis no puede configurarse como un escenario que propicie mayores vulneraciones a los derechos fundamentales. Resulta urgente que tanto EPM como el gobierno departamental y municipal garanticen a la ciudadanía el acceso al agua, puesto que de no ser así, se estaría atentando contra el derecho humano a la vida. La supervivencia de nuestra especie depende del agua y el suministro del agua en este contexto de pandemia mundial no puede pender de una economía rapaz y deshumanizante. 

Suscriben:

           Corporación Amiga Joven

                                                                                                      

           

           Corporación Con-Vivamos                       

   

             
 

      

           Corporación Educativa Combos

                              

                           
       
           Corporación Jurídica Libertad                                                                                     

                      

                     
 
         
       
           Corporación Primavera

           Corporación Vamos Mujer



        Corporación para la Vida Mujeres que Crean

           Instituto Popular de Capacitación

           Mesa Interbarrial de Desconectad@s

        Mesa de Vivienda y Servicios Públicos Domiciliarios Comuna 8

          Red de Mujeres Populares

           Ríos Vivos

           Grupo de Estudio en Ecología Política y Justicia Hídrica,       
           Universidad Pontificia Bolivariana

        Semillero Sociología del Derecho y Teorías Jurídicas Críticas,
        Universidad de Antioquia

          Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila

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MEMORIAS AUDIOVISUALES DEL "II FORO: DERECHO, RESISTENCIA Y MOVIMIENTOS SOCIALES. DERECHO AL AGUA, INJUSTICIAS HÍDRICAS Y ALTERNATIVAS"

El 10 y 11 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el II Foro: Derecho, Resistencia y Movimientos Sociales. Derecho al Agua, Injusticias Hídricas y Alternativas en la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Este Foro buscaba proponer un diálogo entre movimientos sociales y académicos comprometidos para reflexionar sobre los actuales conflictos socioambientales relacionados con el agua. El evento fue organizado por el Semillero de Sociología del Derecho y Teorías Jurídicas Críticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y el Nodo de Justicia Hídrica de Medellín, con el apoyo del Grupo de Investigación Territorio de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Te invitamos a que veas y compartas los siguientes videos que recogen las memorias de los paneles realizados durante este encuentro:

PANEL 1: AGUA: ¿DERECHO HUMANO O BIEN COMÚN? 

PANEL 2: FORMAS DE AUTOGESTIÓN, ACCESO Y USO DEL AGUA

PANEL 3: ALTERNATIVAS FRENTE AL MODELO DE DESARROLLO EXTRACTIVISTA

¡EL SEMILLERO TE INVITA A QUE PARTICIPES DEL II FORO: DERECHO, RESISTENCIA Y MOVIMIENTOS SOCIALES. DERECHO AL AGUA, INJUSTICIAS HÍDRICAS Y ALTERNATIVAS!

AGUA - CERO

Mi planeta es el planeta azul.

Mi país está bañado por dos mares y tiene en total cinco vertientes hidrográficas: la del Caribe, la del Pacífico, la del Orinoco, la del Amazonas y la del Catatumbo. En ellas desembocan más de 40 grandes ríos cuyas cuencas albergan más de 730.000 cuerpos de Agua entre ríos, quebradas, caños, lagos y lagunas.

Mi departamento cuenta con 50 ríos y tiene 28.000 hectáreas de páramo, ecosistemas para que el Agua nazca. Además tiene tres grandes núcleos lluviosos que llegan a tener precipitaciones cercanas a los 6.000 mm al año.

Mi ciudad es dueña de una de las empresas prestadoras de servicios básicos como los de saneamiento, acueducto y alcantarillado más exitosas de América Latina, tanto así que abastece de Agua y energía a ciudades de otros países como México y Chile.

Pero esta misma ciudad, ubicada en la húmeda región antioqueña de uno de los Países con la mayor riqueza hídrica, frecuentemente escucha a sus habitantes denunciar: “Mi casa, al igual que otras 32.000 familias de la ciudad, no tiene Agua… Y yo…. Tengo sed”.

¿De quién es el agua? ¿Cómo se define quién puede beberla? ¿Cómo se calcula su valor? ¿Es verdad que los ríos corren en dirección al poder? Esta historia es común en varias regiones de Antioquia, de Colombia, de América Latina, del Sur, y son éstos los problemas que inspiran la realización del Curso-Taller Internacional de Justicia Hídrica que realiza anualmente la Alianza de Justicia Hídrica y que este año, por primera vez, se realizó fuera de Cuzco, Perú, y tuvo lugar en la ciudad de Calí, Colombia.

Algunas reflexiones del curso partieron de considerar que la prioridad en los planes de gobierno para la destinación del Agua no es la vida. Ha habido otros intereses que han primado y que desligan el agua de la vida para entrar a relacionarla con la economía, la inversión, el capital, la acumulación y el despojo.

En Antioquia, por ejemplo, el agua es para la minería, para la agroindustria, para las represas generadoras de energía, o para quien tenga capacidad de pago. El agua es para el desarrollo, no para la vida. Pero acaso ¿No pueden ir juntos desarrollo y Vida? Para responder habría que saber a qué nos referimos cuando usamos estas expresiones... en todo caso la respuesta será negativa cuando la transformación que impulsa el primero está al servicio de la acumulación, pues no puede haber acumulación sin despojo, ni despojo sin destrucción de las condiciones ambientales, sociales y culturales que posibilitan la vida. Bajo esta lógica no pueden ir juntos desarrollo y Vida.

Conocer el lugar que ocupa el Agua en nuestros territorios evidencia que la sed de nuestras comunidades, como ellas bien lo saben y lo enseñan, no responde a un problema de sequía, sino de escasez, pues la primera se refiere a un riesgo natural, causado por la variabilidad del clima y que en gran medida escapa al manejo local del agua, mientras que la segunda se debe al uso no sustentable a largo plazo de los recursos hídricos y es consecuencia directa de la administración y los intereses que ésta privilegia.

De este modo, constatar las inequidades en el acceso al Agua evidencia que la relación que existe entre desarrollo y Agua no es más que otra de las artificiosas expresiones del capitalismo huyendo –ya cogido de los talones- de la crisis que lleva inscrita desde su origen y que sabe evadir con la estrategia de “abrir nuevos mercados”. Esto explica que lo que antes conocíamos como Agua, aire, naturaleza… hoy se nos presente como “servicios ambientales”; y que ya no baste el agua corriendo por los ríos, sino que sea necesario represarla, hallarla en las fuentes subterráneas, captarla de la lluvia, embotellarla, entubarla, cambiar su cauce, acumularla y ofrecerla al mejor postor.

Esa ambición insaciable que ante la ineludible necesidad de abrir nuevos mercados hará que prefiramos nunca haber sabido que el cuerpo humano es, en un 60%, Agua, es la que justifica y hace imperiosos espacios como el ofrecido por la Alianza de Justicia Hídrica. Enfrentar la paradoja del Agua-cero implica tejer redes entre las comunidades y los profesionales del agua, abrir espacios de capacitación para el liderazgo, la investigación y la práctica crítica, crear conciencia y evidenciar que existen otros cauces posibles. Si el Agua corre en dirección al poder que sólo sea porque el Agua empodera a las comunidades.

María.

COMUNIDAD DE LA VEREDA GRANIZAL Y ABOGACÍA POPULAR

Comunidad de la Vereda Granizal y Abogacía Popular

¡Por el agua y la dignidad!

Así como no existe un derecho neutro, tampoco existe una práctica jurídica neutra

Miguel Pressburguer

10:15 am.- Edificio Atlas, Juzgados Administrativos de Medellín. No se podían entrar pancartas, grabar o “hacer bulla”. Chocaban dos racionalidades distintas: la de los movimientos sociales y la de la burocracia estatal. Una expresiva, gráfica, sonora, emocional; la otra, insulsa, quieta, racional.

10:20 am.-  Se autoriza el ingreso de manera ordenada, las pancartas, la grabación, pero no la “bulla”. Desfiló entonces, entre el detector de metales y la mirada atenta de los guardianes, la Comunidad de la Vereda Granizal. La circulación de corbatas y tacones se vio interrumpida por el tránsito de gentes que no necesitan mostrar cosa distinta a lo que son. Y lo hicieron con una inusual mezcla de entusiasmo y serenidad: la calma y la firmeza de quienes llevan años en la lucha, pero se mantienen: los imprescindibles, siguiendo a Bertolt Brecht.

10:30 am.- Se entregan los papeles y las letras en la ventanilla de “apoyo judicial”. Todos rodeamos el acto, pero era más que un acto, era un símbolo, uno poderoso. No hay palabras.

Poderdantes, apoderado, radicación, presentación personal, acción, caducidad… muchos conceptos jurídicos en juego, ninguno importaba. Ninguno importa.

La funcionaria recibe, cuenta, revisa, se cerciora y pone su sello. Con la copia de la ejecutoria en nuestras manos, aplaudimos: aplauso entusiasta y sereno.

De este modo, el desvencijado engranaje jurisdiccional se activa renovando la promesa de dar el derecho.

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Y el derecho en cuestión, en nuestro caso, es el derecho al agua potable, pero también se trata de los derechos a la vida, a la ciudad, a la no repetición, a la reparación, a la dignidad. Alzando estas banderas se encuentra la Comunidad de la Vereda Granizal, que hace 20 años sobrevive con agua no apta para el consumo humano.

Asentadas en las laderas del municipio de Bello, las miles de personas que la integran, son las víctimas de los grandes problemas del país, la violencia y la exclusión. Todas ellas resisten. Sin acueducto, alcantarillado, servicios públicos, derechos sociales, vías, pero resisten. Y lo hacen con el acompañamiento de la Universidad Pública que llegó allí con la Facultad de Medicina, emulando la filosofía y las prácticas de Héctor Abad Gómez.

Este defensor de los derechos humanos, reacio a la práctica tradicional de la medicina, privada, individual y reactiva, se aprestó a darle sentido político y social a su profesión y se convirtió en el médico social por antonomasia. Llevó a la medicina, como profesión liberal, a la preocupación por la justicia social, haciéndola pública, colectiva y preventiva.

La abogacía, también profesión liberal, no es ajena a esas posibilidades. Y no lo es, entre otras cosas, porque su herramienta, el derecho, es una amalgama de discursos y proyectos socio-políticos. Por ello, nadie que lo estudie y lo practique puede hacerlo sin respaldar un grupo o un interés. Ni siquiera los que dicen no hacerlo: los neutrales, los apolíticos, los correctos. Ni siquiera ellos.

Así, por efecto de su naturaleza política, la abogacía puede ser pública y social, dando respaldo a las causas que luchan por la democracia, la libertad y la justicia social, valores todos cuya realización necesariamente pasa por la redistribución de los bienes sociales, entre ellos, el agua.

Y como la abogacía, entonces, puede ser popular, es fácil de entender el acompañamiento que el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas hace a la Comunidad de Granizal.

El Semillero de Sociología del Derecho y Teorías Jurídicas Críticas, se hace partícipe de ello bajo el entendimiento de que la reflexión sobre las funciones socio-políticas del derecho, el estudio de las teorías y los movimientos jurídicos críticos,  el conocimiento de conceptos como el uso alternativo del derecho, el litigio estratégico, los servicios legales alternativos; bajo el entendimiento, repito, de que todos estos asuntos no tienen sentido si no son, también, orientaciones para la acción. Se trata, pues, de ser juristas orgánicos y poner nuestro conocimiento al servicio de la transformación social.

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10:35 am.- Hemos salido del edificio. La lucha había comenzado hace mucho tiempo, pero ahora empezaba una nueva batalla porque, como señalaba Von Ihering, “todo derecho en el mundo ha sido logrado por la lucha, todo precepto jurídico importante ha tenido primero que ser arrancado a aquellos que le resisten, y todo derecho, tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo, presupone la disposición constante para su afirmación.”

Nos abrazamos, sonreímos, nos vamos.

Gonzalo