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viernes, 20 de noviembre de 2015

COMUNIDAD DE LA VEREDA GRANIZAL Y ABOGACÍA POPULAR



Comunidad de la Vereda Granizal y Abogacía Popular

¡Por el agua y la dignidad!



Así como no existe un derecho neutro, tampoco existe una práctica jurídica neutra


Miguel Pressburguer






10:15 am.- Edificio Atlas, Juzgados Administrativos de Medellín. No se podían entrar pancartas, grabar o “hacer bulla”. Chocaban dos racionalidades distintas: la de los movimientos sociales y la de la burocracia estatal. Una expresiva, gráfica, sonora, emocional; la otra, insulsa, quieta, racional.

10:20 am.-  Se autoriza el ingreso de manera ordenada, las pancartas, la grabación, pero no la “bulla”. Desfiló entonces, entre el detector de metales y la mirada atenta de los guardianes, la Comunidad de la Vereda Granizal. La circulación de corbatas y tacones se vio interrumpida por el tránsito de gentes que no necesitan mostrar cosa distinta a lo que son. Y lo hicieron con una inusual mezcla de entusiasmo y serenidad: la calma y la firmeza de quienes llevan años en la lucha, pero se mantienen: los imprescindibles, siguiendo a Bertolt Brecht.

10:30 am.- Se entregan los papeles y las letras en la ventanilla de “apoyo judicial”. Todos rodeamos el acto, pero era más que un acto, era un símbolo, uno poderoso. No hay palabras.

Poderdantes, apoderado, radicación, presentación personal, acción, caducidad… muchos conceptos jurídicos en juego, ninguno importaba. Ninguno importa.

La funcionaria recibe, cuenta, revisa, se cerciora y pone su sello. Con la copia de la ejecutoria en nuestras manos, aplaudimos: aplauso entusiasta y sereno.

De este modo, el desvencijado engranaje jurisdiccional se activa renovando la promesa de dar el derecho.

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Y el derecho en cuestión, en nuestro caso, es el derecho al agua potable, pero también se trata de los derechos a la vida, a la ciudad, a la no repetición, a la reparación, a la dignidad. Alzando estas banderas se encuentra la Comunidad de la Vereda Granizal, que hace 20 años sobrevive con agua no apta para el consumo humano.

Asentadas en las laderas del municipio de Bello, las miles de personas que la integran, son las víctimas de los grandes problemas del país, la violencia y la exclusión. Todas ellas resisten. Sin acueducto, alcantarillado, servicios públicos, derechos sociales, vías, pero resisten. Y lo hacen con el acompañamiento de la Universidad Pública que llegó allí con la Facultad de Medicina, emulando la filosofía y las prácticas de Héctor Abad Gómez.

Este defensor de los derechos humanos, reacio a la práctica tradicional de la medicina, privada, individual y reactiva, se aprestó a darle sentido político y social a su profesión y se convirtió en el médico social por antonomasia. Llevó a la medicina, como profesión liberal, a la preocupación por la justicia social, haciéndola pública, colectiva y preventiva.

La abogacía, también profesión liberal, no es ajena a esas posibilidades. Y no lo es, entre otras cosas, porque su herramienta, el derecho, es una amalgama de discursos y proyectos socio-políticos. Por ello, nadie que lo estudie y lo practique puede hacerlo sin respaldar un grupo o un interés. Ni siquiera los que dicen no hacerlo: los neutrales, los apolíticos, los correctos. Ni siquiera ellos.

Así, por efecto de su naturaleza política, la abogacía puede ser pública y social, dando respaldo a las causas que luchan por la democracia, la libertad y la justicia social, valores todos cuya realización necesariamente pasa por la redistribución de los bienes sociales, entre ellos, el agua.

Y como la abogacía, entonces, puede ser popular, es fácil de entender el acompañamiento que el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas hace a la Comunidad de Granizal.

El Semillero de Sociología del Derecho y Teorías Jurídicas Críticas, se hace partícipe de ello bajo el entendimiento de que la reflexión sobre las funciones socio-políticas del derecho, el estudio de las teorías y los movimientos jurídicos críticos,  el conocimiento de conceptos como el uso alternativo del derecho, el litigio estratégico, los servicios legales alternativos; bajo el entendimiento, repito, de que todos estos asuntos no tienen sentido si no son, también, orientaciones para la acción. Se trata, pues, de ser juristas orgánicos y poner nuestro conocimiento al servicio de la transformación social.

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10:35 am.- Hemos salido del edificio. La lucha había comenzado hace mucho tiempo, pero ahora empezaba una nueva batalla porque, como señalaba Von Ihering, “todo derecho en el mundo ha sido logrado por la lucha, todo precepto jurídico importante ha tenido primero que ser arrancado a aquellos que le resisten, y todo derecho, tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo, presupone la disposición constante para su afirmación.

Nos abrazamos, sonreímos, nos vamos.



Gonzalo

viernes, 6 de marzo de 2015

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL CAMPO DEL LITIGIO ESTRATÉGICO


¿El por qué un grupo de abogados apoya la producción de un documental contra la multinacional Pacific Rubiales?

Camilo Galindez Narváez


El concepto de litigio estratégico se refiere a una forma alternativa del ejercicio del derecho con la cual se pretenden promover cambios significativos de realidades sociales utilizando las herramientas jurídicas como medio para la solución de conflictos estructurales o de gran envergadura. Usualmente involucra la presentación de casos particulares de un grupo significativo de personas o una comunidad en concreto ante los jueces nacionales o tribunales internacionales con el fin de afectar positivamente al conjunto social en torno al cual se elabora la demanda de justicia. Sin embargo, las herramientas jurídicas son diversas, comprenden, entre otras, la denuncia pública de hechos que consideran injustos, el cabildeo legislativo, acciones que pretenden eliminar normatividad del ordenamiento jurídico vigente (acciones de inconstitucionalidad, nulidad administrativa), acompañamiento a las comunidades y la promoción del uso de herramientas de participación política.

Desde los años noventa esta práctica se ha consolidado entre las ONG, facultades de derecho y grupos independientes de abogados, como una forma de canalizar las exigencias de protección de derechos humanos (individuales y colectivos) y es cada vez más exitosa en la tutela de derechos ambientales.

Si bien aquellos grupos que han hecho del litigio estratégico su principal arma de combate se apoyan principalmente en herramientas jurídicas para ejecutar su labor en defensa de las causas marginadas, usualmente tienen que recurrir a otro tipo de instrumentos ajenos al campo de conocimiento del derecho para impulsar sus propósitos. Es por ello que no es una actividad exclusiva de los abogados y por tanto requiere un alto grado de articulación con otras disciplinas y saberes. En este sentido quiero resaltar la importancia de los recursos audiovisuales en la práctica del litigio estratégico.

El documental “Operación Pacific Rubiales”, lanzado a la luz pública el mes pasado, es un claro ejemplo de cómo una ONG, en este caso, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una asociación que ha sido pionera en el litigio estratégico en Colombia, incluye un medio audiovisual dentro de su repertorio de acción, en este caso haciendo una férrea denuncia de las prácticas criminales de la multinacional canadiense en nuestro país.

En este caso el medio audiovisual no puede ser considerado de forma aislada de las demás estrategias de acción en el campo jurídico, puesto que es tan solo un producto de la relación estrecha y constante que entabla la comunidad con quienes eventualmente podrán ser sus representantes en un litigio ante la administración de justicia. Esto no es un asunto menor, en el sentido que la razón de ser del litigio estratégico es dejar de lado las prácticas convencionales del ejercicio del derecho en donde el representante se hace un “héroe político” socorriendo a una población necesitada, situación en la cual la opinión del “cliente” es despreciable. Por el contrario, en el ejercicio del litigio estratégico se exige que el abogado tenga un contacto permanente con sus representados, con el fin de conocer sus voces y construir acciones conjuntas. 

Por otro lado, el medio audiovisual se convierte en un fin en sí mismo ya que cumple un papel fundamental en las luchas sociales, y es el de darle un rostro a quien es invisibilizado. En el caso del conflicto de la multinacional Pacífic y sus trabajadores o los habitantes aledaños a Campo Rubiales, los sujetos no sólo son constantemente victimizados sino también invisibilizados por una estrategia mediática que le ha costado a la empresa canadiense más de 15 millones de dólares en gastos publicitarios. 

De esta forma se logra también que muchas más personas se identifiquen con el conflicto y puedan generarse redes de apoyo entre las que se pueden incluir cooperación con otras ONG nacionales o internacionales. Esta figura resulta de vital importancia, puesto que aquellos casos exitosos en materia de litigio estratégico se han logrado consolidar gracias a figuras propias del ejercicio del derecho ante los tribunales (demandas) como la coadyuvancia, en la cual interviene un tercero ajeno a las partes directamente involucradas en el litigio manifestando el apoyo a las pretensiones de una de las partes, dando sus razones de por qué el juez debe pronunciarse en favor de alguna de ellas. 

Se evidencia entonces por qué el interés de una ONG como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de apoyar la creación de un documental que resalte el conflicto entre la empresa Pacific Rubiales y algunos sectores de la comunidad de Puerto Gaitán, Meta, en un tema que no sólo los afecta a ellos sino a la totalidad de la población colombiana que es también víctima de las prácticas criminales de ésta y otras empresas multinacionales, las cuales no sólo nos despojan descaradamente de nuestros recursos naturales, sino que generan devastación y muerte. Es en definitiva una apuesta política por la dignidad de un país.

Actualmente el documental ha sido censurado en Facebook y puede encontrarse en: https://www.youtube.com/watch?v=Sn-EGNQ3JNA