El próximo domingo 22 de marzo, la ONU celebrará nuevamente, como lo ha hecho hace veintidós años, el día mundial del agua. Esta vez el tema será “Agua y Desarrollo Sostenible”, acompañado de un lema publicitariamente bien pensado: “La humanidad necesita agua. Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca”.
Este evento invita a una gran reflexión que debemos hacernos en el país y especialmente en nuestra ciudad, ¿realmente amerita una celebración por el agua, o más bien, es un buen momento para que todos los ciudadanos nos indignemos por ser un municipio capaz de abastecer a otros países de este recurso, pero incapaz de darle un mínimo vital a las personas que viven en los barrios más afectados por la violencia y la miseria?
En la Comuna 8, un barrio que queda a solo diez minutos del centro, se encuentra uno de los casos más preocupantes de la ciudad. Según La Mesa Interbarrial de desconectados en Medellín, en un boletín publicado en diciembre del año pasado, cerca de 15 mil personas tienen escasez de agua potable en este lugar, y más de 30 mil familias no cuentan con un adecuado sistema de alcantarillado.
La situación en la que se encuentra Villa Hermosa (comuna 8), es la misma por la que están pasando los habitantes de los barrios Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez y Buenos Aires. “En la ciudad lo más grave lo constituye la desconexión de más de 40.000 hogares, que se les corta y/o suspende, del agua y de la luz, ya que con esto se está afectando más directamente la dignidad de las familias, vulnerando sus derechos humanos fundamentales”, afirmó Carlos Velásquez, perteneciente a La Mesa Interbarrial, en un artículo publicado el 2010 en el sitio oficial de la organización.
¿Por qué las Empresas Públicas de Medellín les cortan el servicio de agua a estas personas? ¿No es acaso el agua una necesidad para la vida digna de todo ser humano?
Acá, posiblemente, se encuentra la disyuntiva que han protagonizado una serie de tutelas, sentencias, habitantes de estos barrios periféricos y las EPM: ¿el agua es vista desde la institución como un bien social o como una mercancía?
En principio, la constitución del 91 no consagró el agua ni el servicio público domiciliario como un derecho fundamental, como sí lo hizo con la vida, la libertad o el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, un año más tarde la Corte Constitucional reconoció el carácter fundamental de este bien por medio de la sentencia T-578, ya que, “el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente contra el derecho fundamental a la vida de las personas”.
A este pequeño avance, se le sumaron posteriormente otras decisiones judiciales que abogaban por la salud y la vida digna, reconociendo que estas eran también derechos fundamentales. El argumento esencial que justifica estos fallos es que el derecho a la vida no puede reducirse al mero hecho de sobrevivir en cualquier tipo de condiciones, sino que se debe entender como una garantía a favor del ciudadano de contar con los medios y oportunidades necesarias para vivir dignamente.
Todo esto parece una obviedad en el mundo del deber ser. Así debería de ser, y no tendrían ni siquiera que decirlo en una Constitución, como repetía una y otra vez Jaime Garzón. Pero el ser, esta realidad loca, está muy alejada de lo que dictan las leyes. ¿Contra quién estamos luchando para que se cumplan éstas condiciones mínimas que son las aseguradoras de un país inclusivo y equitativo? ¿Quién se opone a darle un mínimo vital a las poblaciones más aporreadas de Medellín, muchas desplazadas del campo, que buscan una oportunidad para reconstruir nuevos tejidos sociales?
La lucha ha sido constante por parte de organizaciones que nacen desde los mismos barrios de la mano de la academia. La Mesa Interbarrial de desconectados de Medellín es un claro ejemplo; una articulación de diferentes barrios y comunidades que se integran en torno al tema de la desconexión de los servicios públicos domiciliarios con la intención de reivindicar la vida digna en los sectores populares.
Ellos, en compañía de la Corporación Jurídica Libertad, han tenido victorias significativas como lo fue la sentencia T-717/10, la cual estableció por primera vez que las familias clasificadas dentro del nivel 1 del Sisbén, por no tener las condiciones socioeconómicas necesarias para pagar el servicio, tienen derecho a acceder a un mínimo vital de agua, y en ninguna instancia la empresa les puede cortar por completo su fuente de agua. También es destacable que en esta ocasión la Corte Constitucional no aceptó ninguno de los argumentos que EPM ha usado en muchas ocasiones para desconectar a tantas familias en la ciudad, sobreponiendo la condición del pago para acceder al agua, al derecho que tenemos todas las personas al buen vivir sin importar nuestras capacidades económicas.
Estos pequeños logros, más que darles una solución inmediata a las personas que hoy no cuentan con agua potable en sus casas ni en sus barrios, tienen un valor simbólico, de legitimidad y reconocimiento que se han ganado todos los líderes de los barrios que han luchado por una mejora de su entorno, de sus familias y vecinos. Además, todos los procesos y su promulgación han llevado a una notable apropiación y conocimiento de los habitantes de estos barrios por sus derechos, y la esperanza en ellos de que en un futuro, como pocas veces, la justicia se pueda hacer tangible al poder tomarse un vaso de agua limpia todos los días.
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Nos invitan a celebrar que el agua tenga su día; ojalá sólo celebremos el dia en que todos tengan agua.
ResponderBorrarRespecto a la pregunta que propone la autora, me parece que esa falta de acatamiento del ordenamiento jurídico por parte de entidades como EPM claramente no contribuye a que la materialización de los avances jurídicos que han logrado los movimientos barriales ante las instancias judiciales logren su cometido a favor del bienestar social y más bien propician que el agua sea tratada como un recurso de uso comercial. Las cifras de los desconectados y de las personas que sufren la precariedad de los servicios públicos en nuestra ciudad son alarmantes. La lucha que emprenden las personas desde sus comunas podría ser apoyada también, aparte de lo jurídico, desde un sentido político ciudadano en el que quienes no nos vemos afectados por estas injusticias dejemos claro a EPM que el hecho de que seamos puntuales en el pago del servicio no implicaría de ninguna manera que prestárselo a quienes no cuentan con los recursos económicos fuera una inequidad para el resto de los usuarios que sí pagan, pues en primer lugar, el agua no es mercancía, y en segundo lugar, todos debemos contar con unos servicios básicos independientemente de nuestras capacidades adquisitivas, eso ya lo deberíamos tener asegurado.
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