La Comunidad de la Vereda Granizal en los estrados judiciales

Desde su nacimiento como comunidad, los habitantes de la Vereda Granizal avanzan en un proceso que es arquetipo de muchas de las luchas y resistencias que adelantan los desposeídos en el capitalismo tardío. Y hace poco menos de un año que, como es públicamente conocido, uno de los capítulos de dicho proceso se adelanta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien asumió el conocimiento de una acción popular interpuesta por la Comunidad y el Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia contra Empresas Públicas de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Municipio de Bello, por la violación al derecho fundamental y colectivo al agua potable.

El pasado martes 19 de julio, se llevó a cabo la primera audiencia de práctica de pruebas que, como era previsible, resultó en un escenario complejo que invita a la reflexión sobre la relación entre las comunidades y las autoridades públicas, particularmente las judiciales. Aquí se exponen, a mano alzada y de forma esquemática, dos puntos que expresan las tensiones simbólicas, culturales y políticas que dejó la audiencia.

    1. La naturaleza del problema de la Comunidad que aquí se debate (la carencia de acueducto y alcantarillado, que los obliga a consumir y utilizar agua con coliformes fecales y animales) es recreada de dos maneras:

i)             Para la Comunidad la comprensión del problema y su veredicto no entraña mayores complejidades, ni en el terreno axiológico ni en el político. La cuestión es de sentido común: llevaban todos  camisetas que tenían inscrita su definición del problema, “porque el agua contaminada mata”. Más que un tópico retórico, tal aserto describe con rigor su experiencia histórica.

ii)    Para las autoridades el problema es sumamente complejo y las consideraciones acerca de la vida, la dignidad humana, la salud o la justicia no son decisivas. Se trata de un asunto jurídico que más que esos asuntos, debe considerar las competencias, el plan de ordenamiento territorial, el perímetro de prestación de servicios, las erogaciones presupuestales, la planeación, formulación y ejecución de proyectos, los convenios, la capacidad de pago, la rentabilidad, la definición de los usos del suelo, la legalización, formalización y titulación de predios, etc.

   2. Dicha comprensión del problema, entre otras consecuencias, implica un entendimiento diverso sobre la composición de las partes y de los llamados a gestionar el conflicto.

i)                En la primera audiencia (la anterior a la que se comenta y en la que hubo un fallido intento de conciliación), quedó claro para todos los actores presentes que la Comunidad de Granizal se representaba a sí misma como un actor colectivo cuya presencia en el escenario de la deliberación judicial era necesaria, no siendo susceptible de ser suplida por sus representantes jurídicos. No era, pues, una cuestión de partes procesales en la que sus rostros, símbolos y banderas estuviesen demás. Por lo mismo, para esta segunda audiencia fue solicitada una sala amplia que diera cabida a los miembros de la Comunidad, a sus aliados y, en general, a los actores de la sociedad interesados.

ii)        Para las autoridades, los actores de los que se precisa son: abogados representantes de las partes, agentes del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Juez y su auxiliar. Los demás sujetos no son esenciales y tampoco merecen atención o esfuerzo especial para que su participación, así sea de forma pasiva, en la audiencia. Es decir, el conflicto socio-político de fondo es reducido y codificado en clave de la estrecha y excluyente estructura jurídico-institucional del Estado. Obedeciendo a este razonamiento, de manera deliberada o por negligencia -lo que en uno u otro caso corrobora lo antes dicho- para la audiencia de práctica de pruebas se dispuso de una sala aún más estrecha que la de la primera audiencia. Resultado: los asistentes que eran preponderantemente miembros de la Comunidad, tuvieron que apretujarse y pasar las más de tres horas de la diligencia hacinados y de pie; en el mejor de los casos, alguno se pudo sentar en el piso.

Así, entre estas tensiones, que tienen implicaciones y expresiones diversas, que superan los límites de este escrito, transcurrió y se suspendió la audiencia inconclusa, cuya continuación fue postergada para el 31 de agosto: el juez con su toga, los abogados con sus trajes y la Comunidad con sus camisetas (“porque el agua contaminada mata”); los primeros con sus ritos y solemnidades pintorescas, y esta última con su abrazo.

Gonzalo