Por:
Gonzalo Galindo Delgado
La
Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente democráticamente
electo de Venezuela ha despertado agrias reacciones de los opositores
nacionales e internacionales al gobierno venezolano. Donald Trump amenazó a
Venezuela con sanciones económicas en caso de llevarla a cabo y cumplió,
Juan Manuel Santos pidió su desmonte y sentenció que no reconocería sus
resultados,
Álvaro Uribe acompañó a la oposición en sus súplicas a las Fuerzas Armadas de
Venezuela para desenfundar las armas y ejecutar un golpe de Estado,
los medios de comunicación, ni hablar... es difícil pensar en cualquier otra
votación en la historia reciente que haya concitado una reacción tan feroz y
tan bien articulada, en lo temporal, en lo narrativo y en lo político. Ni
siquiera actos flagrantemente antidemocráticos como, por ejemplo, el golpe de
Estado que la clase política corrupta brasileña dio a Dilma Rousseff han generado
semejante reacción.
Mediante
una carta pública,
prestigiosos abogados y sociólogos del derecho colombianos se suman al clamor
contra la constituyente y terminan de escorarse hacia el lado de la oposición
venezolana - capítulo Colombia. No veo en ello nada de malo, me parece
legítimo, el problema es que sus argumentos generan enormes disonancias pues,
basados en pulsiones esencialmente políticas, pretenden fundarse en razones de
tipo jurídico respaldadas por la autoridad que les confiere el ser
“investigadores y profesores de derecho constitucional así como exmagistrados
de la Corte Constitucional de la República de Colombia”. La cuestión se torna
más contradictoria si se considera que muchos de ellos han sido defensores a
ultranza del proceso constituyente de 1991 que, como tantos procesos
constituyentes en la historia de la humanidad, digámoslo sin ambages, fue
abiertamente ilegal y quebrantó la institucionalidad en ese entonces vigente en
Colombia. Y felizmente fue así, pues aunque les pese a los normativistas
conservadores, para defenestrar la ultramontana Constitución de 1886, “las vías
legales estaban agotadas”.
_______________
La
afirmación principal: la constituyente es ilegal
En
la sentencia número 138 de 1990 la Corte Suprema de Justicia de Colombia
estudió la constitucionalidad del decreto 1926 de 1990,
mediante el cual el presidente César Gaviria, amparado en las facultades
derivadas de un Estado de Sitio que sumaba 6 años consecutivos, convocaba la
votación por los delegados que harían parte de la Asamblea Nacional
Constitucional. La Sentencia 378 de 2017 del Tribunal Supremo de Venezuela,
27 años después, haría lo propio con el decreto 2830 de 2017,
proferido con los mismos propósitos por Nicolás Maduro, aunque no en Estado de
Sitio, sino en el marco de sus facultades constitucionales ordinarias. Ambas,
profundamente políticas, declararían la constitucionalidad de los decretos
respectivos. La de Colombia, por ejemplo, acudiría a argumentos como “el
contenido axiológico del derecho”, “la paz”, o la “naturaleza incontenible del
poder constituyente primario”: política pura y dura. Los que salvaron voto pusieron
el grito en el cielo: que la institucionalidad, que el Estado de Derecho, que
la separación entre derecho y política, que patatí, que patatá… Más política,
pero más encubierta.
El
paralelismo es interesante y daría para mucho más, por ejemplo, para señalar
que tal votación en Colombia convocó a 3.710.557 electores de un universo
poblacional de 34.13 millones
de habitantes, mientras que en Venezuela convocó a 8.089.320 electores de un
total poblacional de 31.57 millones. Ambas cifras emitidas por las autoridades
electorales de los países respectivos que, mínimo, son igual de confiables –por
lo alto o por lo bajo-.
Sin embargo, por lo pronto, con él solo pretendo señalar la inconsistencia del
argumento que encabeza la carta en cuestión.
En
efecto, los profesores, tan obsecuentes con las decisiones de la Corte
Constitucional colombiana, le muestran los dientes al Tribunal Supremo
Venezolano
y aseguran que la convocatoria del presidente Nicolás Maduro viola los
artículos 5, 70, 347 y 348 de la Constitución Bolivariana de 1999 y que, por
tanto, la Asamblea tendría un “vicio de origen que resulta insubsanable”.
Supongo que, si este es un criterio jurídico y no político, como desean
presentarlo, muchos de ellos, por las razones señaladas, tendrán que predicar
el mismo “vicio de origen que resulta insubsanable” respecto de la Asamblea
Nacional Constituyente colombiana de 1991 – ¿y de la aclamada Constitución de
1991 también?-. ¿Y entonces cuál sería la consecuencia de ese pecado original?
¿La autorización -que no defendieron en su momento para Colombia- de desconocer
los poderes públicos?
El
origen “espurio” de la constituyente venezolana del que habla Santos, y que los
profesores constitucionalistas del 91 pretenden fundamentar jurídicamente
(aunque, por ahora, sólo ofrezcan enunciados y prestigio) es, en el peor de los
casos, el mismo origen “espurio” de la constituyente colombiana. Pero el
problema, según mi análisis, no es esa mancha pecaminosa, el problema es el
enfoque con el que se la analiza y los raseros variables que se utilizan para
estudiar situaciones análogas.
Los
firmantes, a pesar de ser tantos, no le conceden ni una sola línea a la
discusión de los artículos reseñados ni a la argumentación del Tribunal Supremo
de Venezuela en su sentencia. Y aunque los silencios hablan, un ejercicio de
esa naturaleza no hubiese ayudado, pues lo que pretendo evidenciar es
precisamente que el derecho, pero con mayor razón el derecho constitucional y
con mucha mayor razón los procesos constituyentes, se desarrollan a través de
acciones y movimientos tácticos que rebasan la lógica jurídico-formal, en la
cual, por lo demás, la frontera entre lo lícito y lo ilícito nunca es del todo
clara, pues está delineada por un lenguaje que soporta nuestros deseos,
intereses, pasiones e historia en su inestimable vaguedad. O si no ¿qué es el
artículo 5° de la Constitución Bolivariana de Venezuela que ellos declaran
transgredido? “La soberanía reside
intransferiblemente en el pueblo…”
Si
a discusión de código
nos vamos, podríamos encontrar y construir muy buenos argumentos
jurídico-formales para respaldar una u otra posición. A esto se dedican los
dogmáticos bajo la quimera de encontrar decisiones “correctas” en el derecho.
Pero los procesos constituyentes no se analizan con código, y pretender ocultar con el código los deseos propios sobre la organización social y la
distribución del poder, es decir, sobre la política, es una vía epistémicamente
falaz.
__________________
Las afirmaciones subsidiarias
Adicionalmente, los firmantes suscriben un par de
afirmaciones según las cuales el mecanismo de la convocatoria carece de
legitimidad popular, y la composición sectorial de la Asamblea es
antidemocrática. Ambas, pasando por alto la dificultad de que las razones en
que se fundamentan no aparecen, son discutibles.
En primer lugar porque si se consideran
comparativamente los votos que hubo en la Constituyente con los que obtuvo el
chavismo, tanto en las elecciones presidenciales (7.587.579), como en las
parlamentarias en las cuales salió derrotado (5.622.844), parecería existir un continuum o una base social
suficientemente amplia como para, legítimamente, poner una discusión de reforma
constitucional sobre la mesa. Es por tanto lamentable que la oposición se haya
negado a concurrir a las urnas, disparándose en el pie como cuando no quisieron
participar en las elecciones parlamentarias de 2005 (cuestión que después
tuvieron que rectificar); y más lamentable aún, como lo señaló el Papa
Francisco
en su rol de mediador, que parte de ella se haya negado al diálogo,
lo que hubiese permitido construir conjuntamente una salida alternativa o con
rasgos diversos, antes de llegar a la Constituyente en los términos en que se
llegó.
En
segundo lugar, porque la democracia y la representación suponen la posibilidad
de que los organismos con capacidad de tomar decisiones que afecten a la
población en general, cuenten con una participación tan diversa como la
población afectada misma. Esto evitaría, por ejemplo, que en un país de 30
personas en el que 16 personas son señores ejecutivos y 14 son mujeres
campesinas, gobernado por un consejo de 15 notables elegidos por mayorías, los
16 ejecutivos puedan imponer en el consejo a 15 hombres ejecutivos, lo cual no
sería representativo de la población gobernada. Se trata de una discusión
compleja, pues la representatividad puede ser generacional, territorial,
sectorial y de tantos grupos como puedan imaginarse, pero lo que se señala es
que, la idea en sí misma, no es contraria a la democracia. Así, por ejemplo,
funciona una de las cámaras que conforman el Congreso colombiano y a nadie se
le ha ocurrido decir que por eso el Congreso colombiano sea antidemocrático.
Finalmente, los profesores constitucionalistas
terminan la carta con dos especulaciones sobre el futuro, a las cuales no me
voy a referir, por no ser este el lugar.
_________________
El
doble estándar de un formalismo liberal que ha abjurado de su credo
En
mi criterio, el problema de fondo, muy bien retratado por las inconsistencias
en las que incurren profesionales que intentan argumentar la política a partir
del derecho, pero que implica también a los ‘opinadores’ sobre la cuestión
venezolana en general (medios, élites políticas y económicas, figuras
públicas), es que todos ellos se están yendo en contra de sus esquemas clásicos
de comprensión y de análisis de los problemas jurídico-políticos y, haciéndolo,
quedan en evidencia.
La
institucionalidad venezolana se ha venido desconociendo abiertamente, en primer
lugar, por la oposición de ese país, y en segundo lugar por sus replicantes
internacionales. No así por el chavismo pues este, a punta de mayorías, la
diseñó a su gusto, y a punta de mayorías, la controla, gústenos o no. Y tal
desconocimiento es, cuando menos, curioso, pues todos ellos, arropados por el sentido común liberal, han predicado
siempre un respeto irrestricto por la institucionalidad, que en su lenguaje
equivale a democracia: la separación de los poderes, el respeto por las
decisiones de los jueces, el respeto por los resultados electorales, la
valoración positiva de las elecciones y las urnas, el respeto por los asuntos
internos de los demás países...
Pero
ahora algo ha cambiado. La Asamblea Nacional venezolana se declara en desacato
frente a las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela y ellos celebran o
callan (imagínense un Congreso uribista declarándose en desacato frente a
decisiones, por ejemplo de la JEP o de la Corte Constitucional, por “estar
cooptadas por castrochavistas”, ¿dirían algo los profes de derecho
constitucional?); el TSJ, máxima autoridad judicial de Venezuela, avala la
convocatoria a la constituyente y se dice que no, que mentira, que eso es
ilegal (¿qué dirían los profes de derecho constitucional si, por ejemplo, los
uribistas se levantan y llaman a la rebelión y el desconocimiento colectivo de
las elecciones en que se apliquen por primera vez las Circunscripciones de Paz?);
se celebran elecciones y se responde apriorísticamente denunciado fraude por
encima de lo que diga el poder electoral (¿y si los uribistas denuncian fraude
al salir elegidos representantes de organizaciones sociales por esas
circunscripciones y argumentan que el Consejo Nacional Electoral colombiano
está tomado por el castro-chavismo?), la oposición llama a las Fuerzas Armadas
a ejecutar un golpe de Estado y la
actitud es la misma (¿y si los uribistas hacen lo propio con sus generales
amigos?); presidentes del mundo amenazan al mandatario de Venezuela si no hace
lo que ellos consideran correcto y nada pasa. En fin, nada de esto merece
comunicados públicos ni de profesores, ni de mandatarios, empresarios o medios
de comunicación, todos tan defensores del constitucionalismo liberal.
Los
liberales han abjurado de su credo. Ahora ellos, acostumbrados a definir lo
democrático a partir de la observancia de reglas formales, se encuentren
haciendo análisis materiales para negar el carácter democrático de la
Revolución Bolivariana. Ahora dicen que aunque en Venezuela haya formalmente
separación de poderes, instituciones, elecciones, procedimientos y mecanismos jurídicos
operantes, en la realidad, desde el punto de vista sustancial, tal separación
de poderes, tales instituciones, elecciones y procedimientos no existen ¡Qué
bueno que se hayan iniciado en el análisis materialista y socio-político de las
instituciones democráticas! ¡Esperemos que no tarden mucho en aplicarlo sobre
sus propias realidades nacionales!
_____________
Pensar
Venezuela con la solidaridad crítica como instrumento de lucha
Una
buena parte de los profesores que firman la carta son autores de algunas de las
sentencias y libros con los que nos educan en Colombia a los abogados en
formación. En particular, dentro de ellos, los que se ocupan de la aproximación
interdisciplinaria al derecho, han sido autores de notables investigaciones
sobre la justicia y la sociedad en Colombia. Uno de sus referentes
intelectuales, con quien han escrito libros y dictan conferencias, es
Boaventura de Sousa Santos, uno de los sociólogos del derecho más importantes
del mundo. Creo que es justamente él quien mejor ha entendido la actitud con la
cual afrontar la situación del país vecino: la solidaridad crítica como
instrumento de lucha.
En
su más reciente libro, Democracia y
transformación social, el profesor portugués argumenta que uno de los
mayores problemas de los intelectuales latinoamericanos comprometidos con la
emancipación social, ha sido renunciar a la crítica de los procesos
progresistas, bien por dogmatismo o bien por considerar que la crítica es
funcional a la “derecha imperial”, “perdiendo así la oportunidad de transformar
la solidaridad crítica en instrumento de lucha”. Basta con leer a Atilio Borón
o con husmear un poco el portal de telesur
para darse cuenta de ello.
Aunque
la matriz de opinión hegemónica haya cambiado de principios, superando su
formalismo escuálido para pasar a hacer escrutinios estrictos y sustanciales al
gobierno venezolano, en muchas cosas creo que tienen razón. Su posición
política ha quedado desnuda, pero su diagnóstico, aunque parcial y sesgado, no
es del todo infundado.
En
Venezuela hay graves problemas. El primero, la crisis económica derivada de un
rentismo petrolero que no soporta la caída internacional de precios y que ha
dado lugar a una crisis social y humanitaria que nadie puede negar y a todos
debe dolernos: en Colombia, yo he visto venezolanos vendiendo dulces en los
buses, incluso, en ciudades del interior como Medellín o Bogotá. Este es el
marco que da cobertura a la agudización de la lucha política (recordemos que en
1989, otro momento de crisis económica, en “El Caracazo”, cuando gobernaban los
que hoy son oposición, no fueron 100 muertos en 4 meses sino más de 2000 en
menos de un mes).
Y
tal marco, como explica Boaventura en su más reciente artículo de opinión, En defensa de Venezuela,
y en el libro referido, al coincidir con la muerte del “líder político
democrático más carismático de las últimas décadas”, fue leído como un contexto
de oportunidad excepcional por la derecha venezolana, desde siempre apoyada por
Estados Unidos, hoy con Donald Trump a la cabeza. El mismo que, como Andrés
Pastrana, Álvaro Uribe y Alejandro Ordoñez (¡nada más ni nada menos!) sale en
fotos con Lilian Tintori y, yendo más allá que Santos, no sólo amenaza sino que
directamente sanciona al presidente electo de Venezuela por adelantar unas
votaciones en su país.
Desde
ahí comenzó la ofensiva desarrollada en todos los planos: político,
diplomático, económico, mediático, callejero: combinación de todas las formas
de lucha contra un Gobierno que no se ha quedado corto: que ejerce presión
política y penal sobre la oposición y que responde en el campo de la lucha
violenta, utilizando los medios que tiene a su alcance –la ‘bobadita’ del
aparataje estatal-. Yo, así como he visto a los famosos “guarimberos” quemar
personas vivas por ser chavistas,
he visto miembros de la Guardia Nacional, no sólo reprimiendo sino también
asesinando manifestantes.
Hay algunos que sólo ven lo primero y otros que sólo ven lo segundo…
pero comunicados públicos contra la sevicia guarimbera y su respaldo
internacional… no los conozco. Al contrario, se está construyendo un relato en
virtud del cual son “rebeldes” o conforman “el frente de la resistencia” (cual
partisanos combatiendo el fascismo italo-alemán), o peor aún, según leí en una
columna del profesor César Rodríguez,
constituyen una “rebelión del siglo XXI” comparable a la de la Primavera Árabe
o los Indignados de Europa. ¡Hágame el favor!
No
parece que la Constituyente vaya a solucionar nada. La derecha nacional e
internacional ha avanzado enormemente en el terreno de la protesta callejera y
de la construcción de relatos, tiene un importante apoyo internacional y un
descomunal respaldo mediático; y no va a
aceptar nada distinto a que Maduro renuncie al mandato democrático-electoral
del 2013 y se someta a elecciones anticipadas. Y el Gobierno, detentando el
poder político y cabalgando sobre símbolos sagrados (“la Gran Patria de
Bolívar”, “la soberanía e independencia de los pueblos latinoamericanos”, “el
legado de Chávez”, “la Revolución Bolivariana”) hará lo propio y sacrificará lo
que sea necesario. Quienes como Boaventura de Sousa Santos, Pepe Mujica, o
William Ospina -¡faros éticos e intelectuales de América Latina!- somos
críticamente solidarios con la Revolución Bolivariana, esperamos que esa
democracia vibrante que los dirigentes de hoy heredaron de Hugo Chávez Frías, y
que cojea, pero sigue vigente, no sea uno de los sacrificios que estén
dispuestos a asumir.
Se
trata de que los venezolanos que eligieron la vía del socialismo y que la han
ratificado sucesivamente a lo largo de las últimas dos décadas, puedan
transitarla, recrearla en paz y con absoluta soberanía e independencia –como no
pudieron, por sólo poner dos ejemplos, La Cuba bloqueada de Fidel Castro, o el
Chile mancillado de Salvador Allende, sobra explicar gracias a quién- porque,
siguiendo con Boaventura, “el socialismo no es otra cosa que la democracia sin
fin”, y la democracia “la transformación de relaciones desiguales de poder en
relaciones de autoridad compartida”, es decir, la desestructuración de los ejes
de dominación capitalista, colonial y patriarcal, de modo que el ser humano y
la naturaleza potencien y maximicen sus posibilidades existenciales.
____________
No
más subterfugios jurídico-formales: somos abogados y somos políticos, y debemos
serlo en la Colombia de la transición
Y
todo este escrito se debe al contenido ideológico oculto de aquella carta,
deliberadamente ocultado en nombre del derecho constitucional, por quienes han
sido, indirectamente, profesores de muchos de nosotros…
El
ocultamiento de la relación entre el derecho y la política no resiste más.
Colombia, más ahora que nunca, con un proceso de transición en ciernes, precisa
juristas que asuman este reto y que articulen estas dos dimensiones de la
acción social en una franca confrontación por la transformación y
democratización radical del país. Vienen la JEP, la Comisión de la Verdad, los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el Programa Nacional Integral
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, las Circunscripciones Especiales de
Paz, e innumerables reformas en las más diversas materias. Para que todas estas
normas, políticas públicas, planes, programas y proyectos funcionen, no sólo
necesitamos, en el campo del derecho, de nuevas instituciones, también
necesitamos de nuevos sujetos, que asuman el derecho en toda su complejidad
epistemológica y que ambicionen en el terreno político “la democracia sin fin”
de la que habla Boaventura, un intelectual orgánico comprometido con las luchas
por la democracia de alta intensidad. Sin duda, como lo consideran los
sociólogos del derecho firmantes de la carta: un referente.
